Por Francisco G. Navarro

El avispero de la oposición y sus medios afines anda revuelto por estos días en Nicaragua, luego que el Ministerio de Gobernación (Migob) y la Fiscalía iniciaran un proceso de investigación sobre supuesto lavado de activos.

La citación con fecha 20 de mayo del Migob a tres exdirectivos de la auto disuelta Fundación ‘Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia’, a fin de responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros correspondientes al período 2015-2019, puso en el candelero un tema que quizás la oposición creía olvidado.

Se trata de la financiación que procedente en lo fundamental de instituciones norteamericanas, con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) de abanderada, entró a manos llenas durante la última década en las arcas de organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Nicaragua, instrumentos políticos para la aplicación del llamado golpe suave contra el gobierno liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

‘La Fundación Violeta Barrios de Chamorro incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Migob ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente’, explicó la cartera mediante una nota de prensa.

En cuestión fueron convocados a declarar Cristiana Chamorro, Walter Antonio Gómez y Marco Antonio Fletes, quienes fungían como representante, administrador financiero y contador general, respectivamente, en el momento cuando la Fundación decidió cerrar sus operaciones.

El 5 de febrero anterior Chamorro, hija de la expresidenta de Violeta Barrios, anunció la suspensión de las actividades de la Fundación, al negarse a aceptar lo dispuesto en la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) el 15 de octubre del pasado año.

Ese cuerpo legal establece un marco jurídico que regula ‘a las personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjeros y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones en los asuntos internos de Nicaragua’.

En el interín, entre la auto disolución y la citación a declarar, Chamorro lanzó su candidatura a la presidencia de la República de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, a pesar de carecer de un partido político que le sirva de vehículo electoral.

Conforme a lo expuesto por el Migob al siguiente día Chamorro debió declarar ante la Fiscalía por presunto ‘delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del estado y la sociedad’.

Dinero para la subversión

Entre abril y julio de 2018 el gobierno de Nicaragua debió enfrentar un intento fallido de golpe de Estado, que lejos del carácter coyuntural con que los grandes medios quisieron presentarlo, formó parte de una estrategia de derrocamiento trazada y ejecutada por la Usaid para el período 2010-2020.

Un reciente informe publicado en la web Behind Back Doors (Detrás de las puertas traseras) da cuenta que en esa etapa la agencia gubernamental estadounidense destinó inicialmente 68.4 millones de dólares a financiar la preparación del golpe (suave) y en 2016 agregó casi ocho millones más para un total de 76.4.

En declaraciones a un medio de izquierda el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, no dudó a denunciar el uso del financiamiento recibido por la ONG de Chamorro.

‘A través de su fundación se lavaron y entraron más de 15 millones de dólares para financiar el fallido golpe del 2018 y a periodistas mercenarios’.

‘Entre la Fundación Chamorro, Cinco (ONG de otro hijo de la exexpresidenta, Carlos Fernando) y otras, lavaron y metieron más de 30 millones de dólares para pagar a los asesinos y torturadores, autores del dolor, destrucción y muerte en el fallido golpe del 2018. Ni la justicia divina, ni la terrenal los perdonarán. Sus manos están llenas de sangre’, agregó el presidente del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, aliado del FSLN.

Bajo la sombrilla de la Fundación Violeta Barios surgieron en el contexto del intento golpista medios de comunicación que hicieron de la beligerancia contra el Frente Sandinista y la desinformación sus principales armas.

Lo curioso del caso, y muy resaltado por los activistas de la izquierda a través de las redes sociales durante los últimos días, es que ninguno cuenta con pautas publicitarias y radican en uno de los más lujosos edificios de Managua.

La pregunta ¿de dónde sacan recursos para hacer su trabajo?, amén de retórica conceptualiza un hecho tangible, el empleo de dinero de una potencia extrajera con fines de desestabilización interna.

En medio de la situación jurídica en la cual está envuelta la ONG que servía de punta de lanza al empeño de derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua, en su más reciente intervención pública el presidente Daniel Ortega puso otros puntos donde deben ir, sobre las íes.

‘Aquí el embajador yanqui anda de arriba para abajo vendiendo a sus candidatos, como que él fuera nicaragüense. (…) Si quiere vender candidatos que los vaya a vender a los Estados Unidos (…) Aquí que no se meta el embajador yanqui, (…) para que los partidos Políticos acepten el candidato que quiere el yanqui, cree que estamos todavía en los tiempos de la Ocupación (estadounidense’, proclamó el jefe de Estado.

El mandatario también refirió que representantes diplomáticos de la Unión Europea trabajan en la misma cuerda del enviado de la Casa Blanca.

Nicaragua investiga presunto lavado de activos de la USAID
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