Una multitudinaria movilización de sectores sociales de Bolivia recorrió hoy el centro de La Paz en reclamo de justicia por las víctimas de la asonada golpista de 2019.

Con bailes, cantos y banderas wiphalas (símbolo tradicional de los pueblos originarios) los participantes manifestaron hasta la sede el Gobierno su respaldo a la gestión del presidente Luis Arce, justo cuando la oposición llama a cabildos y marchas por la detención de la exmandataria Jeanine Áñez.

Los cinco grupos integrados en el Pacto de Unidad convocaron el pasado viernes a sus bases a marchas en todo el territorio nacional, en lo que constituye su primera salida a las calles desde el retorno del Movimiento al Socialismo al poder.

A la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, las Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, se unió la Central Obrera Boliviana.

La alianza analizó la situación del país la semana pasada y emitió un comunicado en el cual condenó el rechazo a la investigación en desarrollo del Ministerio Fiscal denominada caso golpe de Estado.

Recordó que ya se conoce la receta de quienes perdieron las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 y por lo tanto no permitirá las afrentas contra la actual administración electa con el 55,10 por ciento de los votos.

Los sindicatos, pueblos originarios, juntas vecinales, cívicas, escolares, universitarias, gremios transportistas, cooperativistas y mineros asalariados ratificaron que no quieren una venganza, sino justicia por la treintena de fallecidos, 800 heridos y más de mil detenidos como resultado de la ruptura del orden constitucional.

El sábado 17 de marzo la Fiscalía boliviana llevó a prisión a Áñez, contra quien una juez dictó cuatro meses de detención preventiva por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que incluyen además a sus extitulares Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). Hace dos días la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz dictaminó la ampliación del término de cuatro a seis meses.

El Ministerio de Justicia presentó hace una semana cuatro procesos como parte del caso, mientras el Congreso solicitó un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz) en noviembre de 2019.

Reclaman en Bolivia justicia por víctimas de la asonada golpista
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